La Fiscalía imputó a una jueza, funcionarios judiciales y postulantes que buscaban acceder a cargos, en el marco de un concurso impulsado por el Consejo de la Magistratura. Estas personas son acusadas por la falsificación de certificados de estudios.

El fiscal Leonardi Guerrero formuló imputación contra seis personas por la supuesta producción y uso de documentos no auténticos, en el marco de una causa penal relacionada con certificados de estudio apócrifos.

Se trata de Librada Beatriz Peralta Céspedes, quien se desempeña como jueza en Pedro Juan Caballero, además de los postulantes Shirley Paola Irala Leite, Adan Fredy Rolón Villarreal y Mario Brítez Ruiz Díaz. A ellos se suman Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial, y Rafael Prieto Quintana, encargado de Archivo del Consejo de la Magistratura.

La denuncia fue formulada por las propias autoridades del Consejo de la Magistratura, luego de recepcionar una denuncia anónima en relación a irregularidades con algunos de los postulantes.

Con el objetivo de aumentar sus puntajes en edictos judiciales, Irala, Rolón y Brítez presentaron certificados de una supuesta Especialización en Derecho Procesal Penal en la Universidad Privada del Este (UPE), los cuales acabaron siendo falsos.

El documento original a partir del cual se realizó la falsificación pertenece a la esposa de Tomás Rodrigo Ávalos, quien habría proveído dicho certificado a Rafael Prieto, a fin de supuestamente validarlos como auténticos.

Posteriormente, Prieto habría incluido estos certificados apócrifos en los perfiles virtuales de los tres concursantes hoy procesados, quienes nunca llegaron a presentar los cartones originales que acreditaran la realización del curso.

Una posterior auditoría corroboró la invalidez de los documentos, lo cual fue ratificado por la propia universidad privada, que confirmó que dichos títulos no existen.

A esto se suma el hecho de que Shirley Irala utilizó un certificado analítico con calificaciones pertenecientes a otra estudiante, mientras que Adan Rolón presentó constancias falsas de diplomados correspondientes al año 2023.

En la investigación, también se detectó que la jueza Librada Peralta nunca llegó a realizar los tres diplomados cuyas constancias cargó en el sistema, como parte del proceso de postulación.

La Fiscalía ya solicitó el desafuero de la mencionada jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Corte Suprema de Justicia, de modo a poder avanzar con la causa penal.