Un bloque de diputados de diferentes bancadas presentó el proyecto de ley “Que crea el registro de nacimientos y defunciones en hospitales públicos y privados, en coordinación con la Dirección General del Registro del Estado Civil”. 

La iniciativa parlamentaria busca modernizar el sistema de estadísticas vitales del país mediante la obligatoriedad de reportes electrónicos inmediatos, con el fin de erradicar el histórico desfasaje de datos entre las instituciones públicas.

Son proyectistas los diputados Alexandra Zena (CN-Central), Dalia Estigarribia (PLRA-Central), Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), Luis Federico Franco (PLRA-Central), Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), Jazmín Narváez (ANR-Central) y Pastor Vera (PLRA-San Pedro).

La urgencia de esta propuesta se fundamenta en un reciente informe de la Contraloría General de la República, el cual reveló que el Instituto de Previsión Social (IPS) desembolsó G. 58.715 millones entre los años 2020 y 2024 en concepto de asignaciones a casi 11.000 personas que ya habían fallecido, promediando unos G. 12.000 millones anuales en pagos indebidos, según refiere el documento.

Explica que, si bien los controles internos aplicados por el IPS lograron mitigar este impacto, reduciendo las erogaciones irregulares en un 54 % durante 2025, y en un 75 % en lo que va de 2026 (bajando el promedio mensual de G. 979 millones a unos G. 246 millones), las auditorías posteriores no solucionan el problema de raíz.

“El núcleo de la vulnerabilidad radica en que la Dirección General del Registro del Estado Civil carece de una plataforma en línea y en tiempo real que permita a entidades como el IPS cruzar datos de forma inmediata, ya que actualmente los reportes físicos de las actas se remiten de forma periódica en determinados momentos del mes”, indica el texto.

Ante esta situación, el proyecto plantea un cambio estructural para que el hecho vital sea registrado directamente en el lugar donde ocurre.

De esta manera, si un nacimiento o una defunción se produce dentro de un hospital público o privado, el propio establecimiento de salud generará el certificado correspondiente y lo transmitirá electrónicamente al Registro Civil en un plazo máximo de 24 horas hábiles.

Para los legisladores, este mecanismo eliminará la necesidad de que los familiares actúen como intermediarios trasladando documentos físicos, reduciendo significativamente sus costos de traslado, tiempos de tramitación y evitando la pérdida o daño de los papeles por siniestros o inundaciones.

“La plena interconexión entre las bases de datos de Salud, el Registro Civil e Identificaciones no solo blindará los recursos del Estado frente a cobros indebidos, sino que reducirá errores de filiación y optimizará el diseño de políticas públicas basadas en información confiable y actualizada”, expone la argumentación.

Las comisiones asesoras que se encargarán de analizar y dictaminar este documento son las de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Salud Pública; Ciencia y Tecnología; y Reestructuración y Modernización del Estado.