La Dirección de Contrataciones Públicas dictaminó investigar a la empresa adjudicada para el alquiler de las máquinas de votación, pero por irregularidades en el anterior proceso de compra. Según el TSJE, se trata de un copy paste de lo que ya presentó la firma Bypar.

Daniel Echague, director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia Electoral, informó que la primera denuncia contra la empresa Comitia MSA, por supuestas irregularidades, la presentó la firma Bypar.

Por este caso, la Dirección de Contrataciones Públicas emitió una resolución por la cual desestimó la denuncia.

“Luego de esta denuncia se presentó una denuncia anónima, es la misma denuncia de Bypar que ya fue desestimada por la DNCP”, explicó Echagüe, en una entrevista con Abc Tv.

Por este último caso, la DNCP dictaminó investigar a la misma empresa, pero por irregularidades en el primer llamado a licitación que era para la compra de esos dispositivos por USD 92,8 millones, y no para el alquiler de USD 35 millones.

Tanto Echagüe como el director de Financiamiento Políticos, Christian Ruiz Díaz fueron consultados acerca de por qué no accionaron para advertir que se trataba de un refrito, a lo que contestaron que no tienen esa potestad y que la DNCP está obligada a dar trámites a todas las denuncias.

A criterio del director de Administración y Finanzas, muchos sectores utilizan esta estrategia con el objetivo de atacar el sistema de las máquinas de votación como método de sufragio.

“Estamos convencidos de que es una estrategia para bajar el desbloqueo, pero estamos preparados para responder”, afirmó.

Con este panorama, todo apunta a que la denuncia “anónima” será nuevamente rechazada y que el proceso de utilización de las máquinas de votación se mantendrá normalmente, pues, además, este último accionar guarda relación con el llamado anterior que ya fue cancelado.