Tres jueces y un fiscal de Guairá enfrentan la etapa decisiva de su enjuiciamiento. En el centro de la causa, el juez penal itinerante Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba. El Jurado abrió el proceso a prueba y, según fuentes cercanas al Jurado, existirían elementos suficientes para su destitución.
[ FOTO: Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba, juez penal itinerante de la Circunscripción Judicial de Guairá ]
El juez penal itinerante de la Circunscripción Judicial de Guairá, Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba, enfrenta la etapa más comprometedora del enjuiciamiento en su contra. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso por unanimidad la apertura a prueba de la Causa N.° 122/2025, caratulada “J.E.I.P. s/ Abuso por medios tecnológicos”, en la que el magistrado figura como uno de los principales enjuiciados. La decisión se adoptó en la sesión ordinaria del miércoles 2 de julio de 2026.
De acuerdo con fuentes cercanas al Jurado, el proceso habría ingresado en una fase determinante: existirían elementos suficientes para avanzar hacia la destitución de Ruiz Díaz Gamba y del resto de los magistrados cuestionados, señalados por haber beneficiado con una absolución a un acusado de abusar de una menor de edad por medios tecnológicos.
Ruiz Díaz Gamba concentra la atención dentro de la causa por su rol en el proceso penal que derivó en la absolución cuestionada. El enjuiciamiento se vincula a un pronunciamiento en favor de un docente investigado por hechos que habrían tenido como víctima a una alumna menor de edad, extremo que forma parte del expediente penal de origen sobre el que se apoya la acusación ante el JEM. Junto a él, la Causa N.° 122/2025 alcanza a otros tres operadores de justicia de Guairá: los jueces penales de sentencia Julio César Alfonso Vera y Víctor Ortigoza Aguirre, y el agente fiscal Rodrigo Vázquez Díaz, de la Unidad Penal N.° 5 de la ciudad de Villarrica.
El caso generó un fuerte repudio en toda la comunidad. La absolución del acusado despertó indignación entre vecinos, organizaciones y referentes locales, que reclaman que los responsables de proteger a las víctimas más vulnerables rindan cuentas por sus decisiones. Ese malestar social acompaña hoy el avance del enjuiciamiento ante el JEM.
En su decisión unánime, el Jurado dispuso la apertura de la causa a prueba, admitió las pruebas ofrecidas tanto por la parte acusadora como por los fiscales acusadores y ordenó librar los oficios correspondientes para su diligenciamiento. La apertura a prueba es la etapa en la que ambas partes producen los elementos que sustentan sus posiciones —documentos, informes y testimonios— antes de que el Jurado se pronuncie sobre el fondo. Es un paso decisivo: confirma que la denuncia superó el examen preliminar y que el caso avanza hacia su resolución final. En este punto, según los consultados, la solidez de la acusación dejaría a Ruiz Díaz Gamba a un paso de la destitución.
El enjuiciamiento de magistrados por su desempeño en causas de abuso sexual contra menores de edad se inscribe entre los procesos de mayor sensibilidad que tramita el Jurado, en un contexto de creciente escrutinio público sobre las resoluciones judiciales que benefician a acusados en este tipo de hechos. En la misma sesión del 2 de julio, el JEM también dispuso la apertura a prueba de otra causa —en el fuero civil, contra una jueza de Ciudad del Este— e inició de oficio una investigación preliminar sobre magistrados y agentes fiscales a raíz de una publicación periodística referida a una condena al Estado por error judicial en perjuicio de un docente.