Una mujer identificada como Anneliese Wisner Brizuela fue detenida en Asunción, en el marco de una investigación por una supuesta estafa que habría perjudicado a una familia de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.

Según la denuncia, 31 integrantes de un mismo grupo familiar, entre adultos y niños, adquirieron un paquete turístico que incluía pasajes, alojamiento y otros servicios para viajar al exterior.

En total, los afectados aseguran haber desembolsado aproximadamente USD 60.000.

Los denunciantes señalaron que mantenían desde hacía varios años contacto con Wisner Brizuela, quien se desempeñaba como agente de viajes y anteriormente les había gestionado otros paquetes turísticos mediante la empresa Smart Travel.

El viaje estaba programado inicialmente para el 16 de mayo, pero fue postergado por motivos familiares. Para cambiar la fecha, cada pasajero habría pagado otros USD 260. La salida quedó fijada para el 25 de julio, aunque posteriormente fue trasladada al 28 del mismo mes debido a supuestos inconvenientes con las conexiones aéreas y las escalas.

Sin embargo, pocas horas antes de la nueva fecha, la mujer habría informado que el viaje tampoco podría realizarse porque no existía una reserva confirmada en el hotel. Ante el reclamo de los pasajeros, supuestamente se comprometió a reintegrar el dinero.

Denuncia ante la Policía Nacional

Los integrantes de la familia ya se encontraban preparados para iniciar sus vacaciones, pero finalmente no pudieron viajar. Al no obtener la devolución de lo abonado ni respuestas satisfactorias, resolvieron presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

El pasado 12 de agosto, la agencia Smart Travel comunicó públicamente la desvinculación de la mujer de la empresa. Pese a ello, los afectados sostienen que hasta el momento no consiguieron recuperar el monto entregado

Tras su detención en Asunción, Wisner Brizuela fue trasladada hasta la Comisaría de Santa Rosa del Aguaray, donde quedó recluida y a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía deberá esclarecer cómo fueron recibidos y utilizados los fondos, además de determinar las eventuales responsabilidades en el caso. Mientras avanza la investigación, la familia afectada continúa reclamando la devolución de los aproximadamente USD 60.000.