El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, abrió una causa penal tras las denuncias que acusan el uso de dinero público para financiar ataques digitales contra comunicadores críticos. Un equipo de Delitos Económicos e Informáticos intervendrá en el caso.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura inmediata de una causa penal y la conformación de un equipo especializado de agentes fiscales para investigar el presunto perjuicio patrimonial al erario público.

La investigación penal apunta a determinar si existió una contratación y difusión sistemática de contenidos comunicacionales ajenos al interés público a través de internet.

Para llevar adelante la investigación, el titular del Ministerio Público designó a las agentes fiscales Marlene Concepción González y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción;  y a Ruth Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos. El equipo actuará bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón.

La decisión fue adoptada a partir de las presentaciones formuladas por los diputados nacionales y de un ciudadano referente a supuestas campañas sistemáticas de hostigamiento digital contra periodistas y figuras públicas.

Desde el Gobierno se desmarcaron por completo. El Mitic defendió la legalidad de los fondos institucionales y aclaró cómo se maneja la comunicación oficial. Desde esa institución aseguraron que la pauta digital del Gobierno se ejecuta únicamente mediante plataformas de publicidad formalizadas como Meta Ads, Google Ads y sistemas programáticos.