La entrega vigilada de unos G. 30 millones la semana pasada en Coronel Oviedo, que involucró a un joven abogado y funcionario fiscal, ahora salpica a la fiscala Gloria Rojas, una de las responsables de la investigación del caso María Fernanda, adolescente de 17 años, embarazada de semanas, y cuyo cuerpo fue abandonado e incinerado en un patio baldío de Coronel Oviedo.

El propietario de la farmacia en la que supuestamente vendieron medicamentos abortivos al principal sospechoso del crimen de María Fernanda, de nombre Franco Acosta, denunció a la fiscala del caso, Gloria Rojas, de haber sido ella la que le dijo con quién debía negociar para ser sobreseído.

A raíz de un pedido de dinero, la Fiscalía realizó una entrega vigilada y un abogado quedó detenido, mientras también se investiga a un funcionario fiscal.

En declaraciones, Franco Acosta asegura que en un diálogo que mantuvo con la fiscala Gloria Rojas, la misma le indicó con quién negociar para una salida más leve a su situación jurídica.

El abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas fue quien recibió G. 30 millones para supuestamente facilitar los pasos a seguir. El denunciante también entregó todas las grabaciones que guardó a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Asunción.

Hasta el momento, no se pudo conocer la versión de la fiscala Gloria Rojas sobre esta fuerte acusación. Se intentó contactar con la representante del Ministerio Público, pero no responde a los llamados.

Por otro lado, el acusado Franco Acosta aseveró haber dialogado igualmente con el padre de María Fernanda, quien estaba en compañía de su abogado. El padre le habría exigido G. 300 millones en concepto de resarcimiento para quedar desvinculado del caso.

“Yo no tengo ninguna responsabilidad en la muerte de María Fernanda. Se me involucra sin pruebas. No proveí de los abortivos y la chica murió a raíz de otras circunstancias. Quiero limpiar mi nombre y la de mi familia”, dijo Franco Acosta, quien fuera beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión.