Un amplio operativo contra la explotación ilegal de juegos de azar permitió la incautación de 42 máquinas tragamonedas, un camión, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación, además de la detención de una persona, durante cinco allanamientos realizados en la ciudad de Villeta, departamento Central.

Los procedimientos fueron encabezados por el Ministerio Público, con apoyo de agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley N.º 1016/1997 y la Ley N.º 6903/2022, normativas que regulan la explotación de los juegos de azar en el país.

La causa tuvo su origen en denuncias ciudadanas recibidas por la Dirección Nacional de Juegos de Azar (DNGA), las cuales fueron derivadas a las autoridades competentes para la apertura de la investigación.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo durante uno de los allanamientos, cuando los intervinientes descubrieron siete máquinas tragamonedas ocultas en la carrocería de un camión Mitsubishi Canter. Ante esta situación, el agente fiscal ordenó la detención del responsable del establecimiento, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

En otro de los locales inspeccionados fueron encontradas otras siete máquinas tragamonedas que, si bien no fueron retiradas del sitio, quedaron lacradas por disposición fiscal. Según los investigadores, el establecimiento contaba con patente comercial, aunque carecía del canon habilitante exigido para la explotación legal de este tipo de juegos.

Durante el operativo también fueron incautadas monedas de curso legal halladas en distintos establecimientos intervenidos. Todo el dinero fue lacrado junto con las demás evidencias por orden del Ministerio Público.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, el valor de los bienes incautados alcanza los G. 159.800.000, monto que incluye las máquinas electrónicas de juegos de azar, el dinero en efectivo y el camión utilizado para el traslado de parte de los equipos.

Todas las evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para su guarda y custodia, mientras continúan las diligencias investigativas para determinar la eventual responsabilidad de los involucrados y establecer si existe una estructura dedicada a la explotación clandestina de juegos de azar en la zona.