En el Congreso Nacional actualmente se encuentra en estudio un proyecto de ley que plantea la creación de un programa especial para ofrecer tratamientos de reproducción asistida en el sistema de salud público. La propuesta ha generado un amplio debate, con voces a favor y en contra.

Este lunes se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Diputados, ocasión en la que fue debatido el proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Reproducción Asistida (PRONARA)”.

El objetivo de esta propuesta es garantizar el acceso equitativo, gratuito y universal a técnicas de reproducción asistida, tanto de baja como de alta complejidad, dentro del sistema de salud público.

Según estimaciones, cerca de 160.000 parejas en edad fértil podrían experimentar dificultades para concebir un hijo, razón por la que consideran oportuna la creación de un programa para brindar asesoramiento y asistencia adecuada para un tratamiento de fertilidad.

El Ministerio de Salud Pública se encargará de impulsar este programa, velando por su cumplimiento y ejecución. Para el efecto, ofrecerá los tratamientos de reproducción asistida, tanto en hospitales públicos como así también a través de clínicas privadas, con quienes está facultada a sellar convenios.

Uno de los puntos contemplados abarca la implementación de unidades de reproducción asistida en servicios de salud públicos, dentro de las cuales se ofrecerán estudios básicos para el diagnóstico de infertilidad, cirugías reproductivas mínimamente invasivas, tratamientos hormonales y de estimulación ovárica controlada e inseminación intrauterina.

Asimismo, se prevé la conformación de una junta médica especializada, integrada por representantes del PRONARA y profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), a fin de evaluar la elegibilidad de las pacientes para acceder al programa.

Las instituciones que ofrezcan tratamientos de reproducción asistida deberán contar con profesionales certificados, protocolos clínicos validados y comités de bioética institucionales. Las mismas estarán obligadas a brindar reportes periódicos al PRONARA sobre los tratamientos realizados.

El Dr. Pedro Pablo Guanes, director médico de la Clínica GIBIR y profesional de la Cátedra de Ginecología del Hospital de Clínicas, destacó la necesidad de crear una ley amplia que abarque todas las aristas, así como capaz de satisfacer las demandas actuales. En esa misma línea se expresó el Dr. Christian Leith Huespe, especialista en infertilidad del Hospital San Pablo, quien sostuvo que el tratamiento deber ser integral y multidisciplinario.

La Dra. Cynthia Díaz, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, señaló que debido a que Paraguay aún carece de una legislación que regule la reproducción asistida, primeramente sería crucial dar este paso y crear una ley específica, con un marco jurídico amplio y que también abarque el PRONARA.

Al momento de iniciar el debate, el Dr. Enrique de Mestral hizo énfasis en las cuestiones éticas relativas a este proyecto, cuestionando la posibilidad de que se pudieran descartar embriones criogenizados, ya que -a su criterio- atenta contra el Artículo 4 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

Por su parte, la abogada Andrea Soto, asesora jurídica de la Asociación de Estudios Bioéticos, sostuvo que la reproducción asistida implica pérdida embrionaria, lo que resulta en “la muerte de embriones”, que para la ley son concebidos con derecho a la vida. Una vez que un ser humano fue concebido, el derecho da lugar a la responsabilidad de proteger esa vida. “Permitir un programa sin resolver el cuidado y destino de estos embriones es un despropósito”, alegó.

Habló de “ambigüedades y lagunas legales” que existen en el documento, las cuales afectan al derecho a la vida contemplado en la Carta Magna, así como el derecho a la identidad previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ello, la profesional del derecho cree oportuno rechazar el proyecto de ley y exigir un marco legal “que proteja al más vulnerable”, así como un protocolo ético que garantice la identidad de todo ser humano.

La Dra. Angélica Sarmiento resaltó que en ningún hospital público existen una serie de estudios muy específicos que son necesarios para detectar la infertilidad y así poder iniciar el tratamiento requerido. Por ello, cree que, antes de crear el programa, es mejor destinar fondos para mejorar el acceso equitativo, gratuito y universal a la salud pública y cubrir las necesidades básicas.

La Dra. Olga Brítez, profesional de la UNA, sostuvo que el tratamiento de fertilización de alta complejidad es inconstitucional, en contra de la ley natural y la bioética, al no respetar la vida de los embriones concebidos fuera del vientre materno. “Toda la parte de la vida que se desecha con estos métodos pasa por debajo de la superficie”, añadió.

El Ing. Marcos León, del movimiento Libre de Datos Abiertos para la Transformación Activa, indicó que la fecundación in vitro no es una ciencia a favor de la vida y la familia, sino “un aborto selectivo y eugenesia aplicada”, razón por la que expresó su oposición a esta clase de tratamientos de fertilidad. “No es decidir quién vive, pero sí es decidir quién muere, reduciendo a los hijos a productos biológicos”. Abogó por otras técnicas, como la naprotecnología.

Por su parte, la Dra. Hadhara Brunstein, especialista en Medicina Reproductiva Restaurativa y Endocrinología integrativa, se centró en la fertilización in vitro y aseguró que desde la perspectiva legal es anticonstitucional, mientras que desde la perspectiva de la bioética “es un mal”, además de considerarla como un derroche inmoral desde la salud pública, ya que se destinarán millonarios recursos para técnicas costosas, siendo que en varios hospitales públicos no existen insumos básicos.

El Dr. Adan Godoy, director del Hospital de Barrio Obrero, habló sobre la necesidad de garantizar en esta propuesta el uso de la totalidad de los embriones criogenizados, de manera a zanjar los dilemas bioéticos existentes. A la par, pidió definir el rango etario para la consideración de la infertilidad, cuál será la fuente de financiamiento y también los criterios de inclusión y exclusión.