La Cámara de Diputados ha aprobado con modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos 128 y 135 del Código Penal (Ley N° 1160/1997) relativos al abuso sexual infantil.
Esta medida, que ahora regresará al Senado para su consideración, busca aumentar las penas para quienes cometan este delito, con el objetivo de reducir la incidencia de casos y condenar de manera contundente estas conductas aberrantes.
La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos, destacó que el incremento de denuncias de abuso infantil refleja una cruda realidad que requiere una respuesta firme. Abed subrayó la importancia de promover iniciativas que ayuden a erradicar la violencia sexual contra menores.
Dalia Estigarribia (PLRA-Central), presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, respaldó las modificaciones, afirmando que estas proporcionarán mayor claridad y facilitarán la aplicación de la ley por parte de los jueces, asegurando así que los culpables reciban penas más severas.
𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗟𝗲𝘆
La reforma del artículo 135, que aborda el abuso sexual infantil, propone penas de cinco a 28 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito. Además, introduce un nuevo apartado para sancionar el abuso sexual infantil mediante tecnologías de la información, con penas que varían de uno a ocho años de cárcel.
El artículo 128, relativo a la coacción sexual y violación, también se modificó para definir con mayor precisión los «actos sexuales» y establecer penas de hasta diez años de prisión para quienes usen la fuerza o amenazas para coaccionar a otros a realizar actos sexuales. Las penas se incrementan si la víctima es menor de 18 años.
𝗡𝘂𝗲𝘃𝗮𝘀 𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀
La ley ahora incluye definiciones más claras sobre los actos sexuales cometidos ante otros y establece penas más severas para delitos que involucren abuso tecnológico. Por ejemplo, contactar a un niño para proponer actos sexuales o mostrarle material pornográfico mediante telecomunicaciones puede resultar en penas de uno a tres años de prisión, aumentando hasta ocho años si se emplean coerción o engaño.
𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗼 𝘆 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼
Este proyecto legislativo, que también propone la derogación de la Ley N° 6002/2017, tiene media sanción del Senado y, tras la aprobación con modificaciones en Diputados, volverá a la Cámara Alta para su consideración final. La intención es ofrecer una respuesta contundente ante el abuso infantil y proporcionar a la justicia herramientas más eficaces para proteger a los menores.
El fortalecimiento de estas leyes es crucial para combatir y prevenir el abuso sexual infantil, proporcionando un marco legal que condene estas acciones con la severidad que merecen.